El paro universitario
Si algo han tenido los paros de profesores universitarios en Venezuela ha sido la alta frecuencia con la que ocurren. A lo largo de las décadas que van de 1958 a 1999 (en adelante, el período democrático), y según las altas y bajas de los ciclos petroleros, devinieron en una expresión tradicional de la cultura política del país. La secuencia de eventos de los paros seguía más o menos el mismo guión: cuando ya la inflación de los precios y la devaluación monetaria habían triturado el ingreso de los docentes universitarios y los ponía a ganar menos dinero del que devengaban las domésticas de sus casas (si las tenían), se iniciaban las acciones por reclamos salariales y mejoras genéricas del sistema universitario (por una especie de prurito académico casi nunca el reclamo salarial iba solo).
De las declaraciones a los medios anunciando el conflicto, se pasaba a las asambleas, cuyas decisiones se traducían en paros escalonados o parciales, alguna que otra marcha y al final un paro de clases indefinido. Los profesores parados y reclamando mejoras salariales, en oportunidades acompañados por miles de alumnos en la calle, se convertían en una piedra en el zapato que ningún gobierno deseaba tener. Lo usual era que, al final de un tira y encoge por el cochino dinero, se concediera un aumento que, si bien no satisfacía a plenitud lo exigido, por lo menos permitía al profesorado llevar una vida acorde con la dignidad de su magisterio. La otra parte del acuerdo, el que tenía que ver con una revisión de la universidad y su funcionamiento, junto con otras exigencias gremiales, se posponía sine die (los gobiernos democráticos siempre prefirieron esa opción, que con suerte ponía la nuez del conflicto en otra administración y no les endosaba el costo político de una reforma universitaria, o tempora, o mores).
Ese proceso de negociación partía de un supuesto: aun cuando los sucesivos recortes presupuestarios hubieran afectado la calidad de la enseñanza y deteriorado ya de manera importante la excelencia académica de los egresados, a los gobiernos democráticos la universidad les interesaba. Así la cuerda del reclamo presupuestario podía tensarse con la seguridad de que no iba a romperse.
Eso sí, la universidad mantenía un ritmo de deterioro incesante. Resultado de la deserción de los mejores profesores, de la falta de presupuesto para mantenerse al día en materia de nueva información científica, de la falta de recursos para sustentar las líneas de investigación. Pero existía la sensación de que el punto de lo irremediable no se alcanzaría (“La capacidad de deterioro de la UCV es infinita”, decía entonces José Vicente).
Ese no es el caso con los bolivarianos. Una vez que entendieron que las universidades autónomas se negaban y se negarían a plegarse a sus designios, reaccionaron contra ellas como lo hicieron con todas aquellas organizaciones sociales que se les opusieron: las condenaron a muerte. A una muerte larga, por el peso histórico de la universidad, pero igual inexorable.
Parte de esa condena a muerte se ejecuta con el paralelismo institucional del que han hecho uso desde su llegada al poder. Han creado un movimiento estudiantil propio que se apoya en las bandas armadas de los milicianos chavistas para llevar la violencia a los claustros. Y así como crearon sindicatos del partido, han ido creando una “universidad” con estudiantes y profesores que se uniforman de rojo. Obviamente esa universidad no está fundada en los valores de excelencia académica (de hecho en ella ser catalogado de “académico” es un insulto), competencia y universalidad de las ideas. Hacia ese engendro drena parte importante de los recursos destinados al sector de la educación superior, mientras a las universidades de siempre se les reconduce una y otra vez el presupuesto.
La diferencia más importante de este Gobierno con los del período democrático es la indignidad que lo disminuye éticamente ante el reclamo del sector universitario: no hay excusa posible para negarles a los profesores de las universidades públicas los recursos que tan inmoralmente se le regalan a los hermanos Castro.
Cada día, desde 1999, se les ha dado a los Castro 110.000 barriles diarios de petróleo (sin contar lo que se les paga por comisiones internacionales por la procura de importaciones de todo tipo de bienes). A precios de hoy, 10 dólares por barril, ese regalo alcanza los 11 millones de dólares diarios. Bastaría con que cesara esa sangría por tan sólo un mes para solucionar todo el problema universitario. Ni qué decir cuántos otros se solventarían con tan sólo un año de ese Kino que tanto nos avergüenza.
Ministro de Educación pide rectificación de medida de paro universitario
"Los recursos dirigidos a la educación son considerados por el Gobierno Bolivariano como una inversión prioritaria", reza un comunicado emitido este lunes por el Ministro de Educación Universitaria, Pedro Calzadilla, quien reiteró el compromiso del gobierno por garantizar una "remuneración apropiada" para los trabajadores universitarios.
Este domingo, el ministro para la Educación Universitaria, Pedro Calzadilla, se dirigió a la comunidad universitaria a través de un comunicado publicado en el portal en internet de la institución
www.mppeu.gob.ve.
En el documento, Calzadilla señaló que el Ejecutivo Nacional reitera su compromiso por garantizar una remuneración apropiada para los trabajadores universitarios dentro de los recursos disponibles.
A continuación el comunicado:
A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA NACIONAL
1.La obra de la Revolución Bolivariana en la educación universitaria ha sido formidable. Desde 1999 a la fecha se han creado 25 Instituciones de Educación Universitaria que junto a la Misión Sucre configuran hoy un tejido institucional poderoso que abarca todo el territorio nacional y ha permitido que el número de estudiantes universitarios supere los 2 millones quinientos mil. La tarea fundamental del nuevo período de la Revolución Bolivariana es fortalecer el sistema universitario que integre a viejas y nuevas instituciones en el objetivo de garantizar una educación universitaria sin exclusiones, que contribuya activamente a la soberanía nacional, la participación protagónica del pueblo, la construcción de una sociedad justa, productiva y orgullosa de sí misma, la unidad latinoamericana y caribeña y una relación de hermandad con los pueblos del mundo.
2.Los recursos dirigidos a la educación en general y, en particular, a las universidades son considerados por el Gobierno Bolivariano como una inversión prioritaria para la construcción de nuestra patria soberana. Esto se ha concretado en un aumento significativo del presupuesto universitario año tras año, acompañado de una política permanente para mejorar la eficiencia, la participación y la transparencia en el uso de los recursos.
3.En este marco, el ejecutivo nacional reitera su compromiso por garantizar una remuneración apropiada para los trabajadores universitarios dentro de los recursos disponibles.
4.La Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras establece el derecho a la convención colectiva como mecanismo para acordar las condiciones de trabajo entre patronos y trabajadores o, como en el caso universitario, entre los trabajadores y el Estado.
5.Un conjunto de federaciones y sindicatos de profesores, trabajadores administrativos y obreros universitarios presentó en enero de este año un proyecto de Convención Colectiva Única de las Trabajadoras y Trabajadores Universitarios. Luego de cumplidos los requisitos de ley, el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social convocó la Reunión Normativa Laboral del Sector Universitario, la cual se instaló el 20 de mayo con participación de todas las organizaciones sociales proponentes.
6.La Reunión Normativa Laboral ha avanzado significativamente en los acuerdos dirigidos a lograr la Primera Convención Colectiva Unificada del Sector Universitario, en los aspectos referidos a la remuneración e incluirá decisiones en materia de vivienda, salud, turismo y recreación, educación para los hijos e hijas de los trabajadores, acceso a la alimentación y a bienes indispensables para garantizar la calidad de vida.
7.Algunas organizaciones universitarias se han negado a discutir las condiciones de trabajo en el marco legal vigente, pese a las reiteradas invitaciones del Ministro a integrarse a los mecanismos que están en marcha. Se ha argumentado que profesoras y profesores deben discutir amparados en las llamadas Normas de Homologación, promulgadas por el Consejo Nacional de Universidades en enero de 1982. Se ignora que estas normas han sido cuestionadas tanto por la Procuraduría General de la República como por sentencias reiteradas del Tribunal Supremo de Justicia. Tales normas son contrarias al ordenamiento legal actual, pues otorgan al CNU la decisión unilateral sobre los términos de la relacion laboral, y establecen la consulta a un solo organismo gremial. Además, la discusión de las condiciones de trabajo en un espacio distinto a la Reunión Normativa Laboral está expresamente prohibida en el artículo 459 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.
8.La mayor parte de las instituciones están en actividades normales. No obstante sectores universitarios han paralizado parcial o totalmente las actividades en algunas instituciones desde principios de febrero. Esta situación se ha prolongado incluso durante la campaña electoral y en los días entre el 14 y el 19 de abril.
9.El ministro ha recibido a todos quienes lo han solicitado y en todas las ocasiones ha reiterado la posición del ejecutivo. Sin embargo, algunos actores universitarios han persistido en la actitud de informar incorrectamente a la comunidad sobre el contenido de las conversaciones sostenidas, generando falsas expectativas.
10.El anuncio de paralización de actividades por parte de algunos sectores de algunas universidades compromete la correcta finalización de períodos académicos para un importante número de estudiantes, violentando su derecho a la educación sin justificación alguna. El derecho a huelga supone el agotamiento de las vías de diálogo para superar las diferencias, en este caso las interrupciones de actividades han precedido a cualquier demanda y ha existido una continua negativa a reconocer los mecanismos legales legítimos.
11.Exhortamos a las organizaciones gremiales a rectificar el curso de sus acciones y a respaldar las discusiones actualmente en curso. Invitamos a las y los trabajadores universitarios docentes, administrativos y obreros a mantenerse en sus puestos de trabajo para garantizar el derecho a la educación, y a las autoridades universitarias a cumplir con su función de garantes de los derechos constitucionales de las y lo estudiantes. Es indispensable el compromiso de todas y todos para que la culminación de los períodos de estudio no sea afectada. Las instituciones universitarias tienen que ser espacios de paz, diálogo, tolerancia y convivencia democrática.
12.Reiteramos que la discusión sobre el mejoramiento de las condiciones laborales de todas y todos los trabajadores universitarios es materia de la Reunión Normativa Laboral. Ya se han acordado mejoras significativas en beneficios sin incidencia y esta semana se presentará la propuesta salarial. Esta convención histórica significará también una nueva manera de tramitar y acordar las convenciones colectivas, apegados a los lineamientos dictados por el Presidente Nicolás Maduro, para garantizar el mejoramiento efectivo de las condiciones de vida de las y los trabajadores.
